Del centro social comunitario Luis Buñuel no se habla mucho, y a cinco asociaciones del Casco Histórico integradas en la Unión Vecinal Cesaraugusta (Conde de Aranda, Las Cuatro Plazas, Vía Romana, Zaragoza Antigua y 1808) nos preocupa esta indiferencia. Este proyecto “social y político”, que nació de la ocupación del emblemático edificio del antiguo IES Luis Buñuel por parte de miembros del movimiento 15-M, se ha convertido hoy en una especie de islote con vida propia, aunque eso sí, vida al margen de la legalidad.

Nació bajo el amparo del concejal de Izquierda Unida de la anterior corporación, José Manuel Alonso, que permitió abrirlo (¿alguien entregó las llaves, no?); el PSOE, condicionado por estos votos, calló y dio órdenes a Zaragoza Vivienda para que asumiese unas reparaciones/parche que costaron 450.000 euros, y el actual equipo de gobierno de Zaragoza en Común quiere culminar el desatino insistiendo en la idea de poner en marcha un centro autogestionado.

¿Por qué nos negamos? Sobre todo, por la dejadez y el diferente rasero que se tiene con este colectivo, al que no se pide cuentas de nada y por nada, frente a los muchos deberes a los que se enfrentan ciudadanos, comerciantes y entidades en su relación con el Ayuntamiento.

Pero, sobre todo, nos preocupan los vecinos del Casco Histórico. Sin realizar una gran inversión, este equipamiento podría reutilizarse para distintos servicios. Por ejemplo, se necesita un centro cívico y también se podría trasladar la junta municipal, que cuenta con unas instalaciones precarias, además de acondicionar un espacio para mayores y una biblioteca, servicios de los que carece el entorno.

Además, Zaragoza Cultural debería ser la entidad que organizase las actividades y podría utilizarse mobiliario de segunda mano, de los almacenes municipales donde se guarda el material que se retira. No haría falta mucho dinero para darle un uso abierto a todos los ciudadanos.

Este es nuestro deseo, pero la realidad actual es muy diferente. No parece que haya mucho interés en desarrollar estos proyectos y sí en mantenerlo como hasta ahora o avanzar hacia un centro autogestionado. Mientras se toman decisiones, o no, las dudas y las preguntas se agolpan. Por ejemplo, quién da las autorizaciones para lo que sucede en el interior del antiguo IES Luis Buñuel; con cargo a qué partidas y en función de que criterios se asumen los gastos de mantenimiento; quién se haría cargo de lo que pudiera suceder en el caso de un accidente con daños; qué uso se le está dando cuando en ocasiones, de madrugada, están las luces encendidas; qué permisos existen para ofrecer comidas; qué sucede con los ruidos excesivos que han denunciado vecinos y la Casa Amparo; qué cursos se ofrecen y con qué formación y seguros de responsabilidad; en qué condiciones de seguridad se está utilizando cuando se sabe que, por ejemplo, a la planta superior no se puede subir. Quién garantiza que eso no suceda.

En este centro social comunitario alegal e ilegal todo esto pasa o podría pasar. Sin embargo, en teoría, allí no sucede nada. No se venden alimentos; los gastos de luz y calefacción los asumimos los zaragozanos sin rechistar; no existe documento de cesión ni de control municipal de quien lo abre o lo cierra. Nadie sabe nada y, si preguntas, la respuesta siempre es la misma: el silencio o la evasiva.

En definitiva, estamos ante la demostración palpable de que según quiénes, hacen las cosas porque pueden hacerlas, porque saben que nadie les va a levantar la voz. Tienen el poder de incumplir cualquier norma o ley que les apetezca disfrutando de total inmunidad.

Recientemente, el Ayuntamiento de Zaragoza publicó la relación de edificios de su propiedad –51, en total–, entre los que se incluye este antiguo instituto. De muchos de ellos se alerta sobre el peligro que corren al estar deshabitados y de su alto costo de mantenimiento. Nada de esto parece importar en el caso del Luis Buñuel. Hasta que pase algo.

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